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Diferencias entre… Ley de 1985 / Ley Aído / Propuesta de Ley de Gallardón:

Ley del 1985

Ley de indicaciones: Constituye un delito despenalizado en tres supuestos: si el embarazo es fruto de una violación -se permite en las 12 primeras semanas de gestación-, si el feto presenta graves taras físicas o psíquicas (avalado por un médico especialista) -el plazo es de 22 semanas- o si hay peligro para la vida de la madre o para su salud física o psíquica -en este supuesto no hay tiempo máximo-.

Sanidad: Menos del 3% de los abortos se practican en centros públicos. Algunas comunidades, financian estos servicios en otros centros.

Papel de los médicos: Especialistas de la sanidad pública o privada podían emitir las dos opiniones que debían avalar el dictamen que daba cuenta de las “graves taras físicas y psíquicas del feto”. Estos facultativos no podían ser los mismos que practican el aborto.

Objeción de conciencia: No estaba regulada de forma expresa la posibilidad de negarse a practicar el aborto por motivos éticos, pero el TC declaró expresamente que podían plantear objeción de conciencia sin limitación de ningún tipo.

Penalizaciones: Un aborto fuera de la ley podría enviar a la cárcel al médico -de 1 a 3 años- así como quedar inhabilitado entre uno y seis años. Para la mujer, podría haber pena de prisión, de seis meses a un año, o una multa.-

Ley de 2010

Ley de plazos: El aborto será libre durante las 14 semanas. Hasta las 22 semanas si hay grave riesgo para la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto -si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable no hay límite. En este caso, un comité médico dictaminará su pertinencia.-

Sanidad: La sanidad pública sí garantizará la práctica del aborto o, al menos, lo financiará en centros privados concertados.

Papel de los médicos: Los médicos de la sanidad pública y los de las clínicas privadas están habilitados para emitir los dictámenes que acrediten el riesgo pàra la salud de la mujer o del feto. En ambos casos, sólo pueden hacer esos dictámenes los médicos que no vayan a practicar después el aborto.

Objeción de conciencia: Tienen derecho a negarse a practicar un aborto los “profesionales sanitarios directamente implicados” en la intervención, y en ese caso tienen que comunicarlo por anticipado y por escrito. La Administración debe garantizar, en cualquier caso, que “el acceso y la calidad asistencial de la prestación” no se vean menoscabados por el ejercicio de ese derecho.

Penalizaciones: Se prevén penas de multa para la mujer que aborte fuera de los casos permitidos, que se convierte en pena de cárcel sino se pagan las multas. Para el médico, cárcel de uno a tres años e inhabilitación de uno a seis.

Anteproyecto de Ley orgánica de protección al concebido y a la mujer embarazada

No es una ‘Ley del aborto’ sino una ley de protección del concebido y de la protección de la embarazada.

Ley de indicaciones: Constituye un delito despenalizado en 2 supuestos: si el embarazo es fruto de una violación- se permite en las 10 primeras semanas de gestación- o si hay peligro para la vida de la madre o para su salud física o psíquica- el plazo es de 22 semanas- siempre y cuando ese peligro de constate en un informe firmado por dos facultativos de la especialidad correspondiente, independientes respecto al médico que practica el aborto y del centro donde se realiza el aborto.

Sanidad: El aborto figura como un servicio en la cartera de sanidad.

Papel de los médicos: La norma exigirá dos informes en el caso de la malformación fetal (para justificar la patología del feto y daño psicológico). Si hay riesgo para la salud de la madre, hará falta un dictamen avalado por dos facultativos especialistas de la patología alegada. Los médicos deben ser de un centro diferente al que practicará el aborto.

Objeción de conciencia: Contempla que cualquier profesional podrá alegar objeción de conciencia, no sólo aquellos que participan directamente en la intervención. Exige la declaración previa y por escrito de la objeción.

Penalizaciones: La mujer nunca será penada en relación al aborto. Un aborto fuera de la ley podría enviar a la cárcel al médico -de 1 a 3 años- así como quedar inhabilitado entre uno y seis años.